Amenazas y represión contra el periodismo en Venezuela
El ejercicio del periodismo en Venezuela enfrenta graves amenazas debido a la violencia generalizada, la persecución contra los comunicadores y la censura estatal. Este escenario define el contexto en el que los periodistas desarrollan su labor, caracterizado por altas tasas de homicidios, represión en manifestaciones, detenciones arbitrarias y un incremento en la censura digital. Además, la precarización laboral afecta directamente las condiciones en las que operan, con bajos salarios, inestabilidad y sobrecarga de responsabilidades, lo que limita sus posibilidades de ejercer de manera segura.
A esto se suma la criminalización del periodismo que ha llevado a detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y agresiones contra comunicadores, mientras que la censura digital ha restringido severamente el acceso a la información, afectando tanto a la ciudadanía como a los medios de comunicación. La represión de protestas, el bloqueo de páginas web y redes sociales, así como las restricciones hacia medios independientes, reflejan un cerco informativo que limita cada vez más el derecho a la información en Venezuela, afectando tanto a periodistas como a la población en general.
Violencia en los estados fronterizos
El Observatorio de Violencia de la ONG FundaRedes, que monitorea, investiga, documenta y analiza el contexto violento de 12 estados del país, registró 142 homicidios durante el tercer trimestre de 2024. De las víctimas, 124 (87,32%) eran hombres y 18 (12,68%) mujeres, mientras que 49 de estos fallecimientos ocurrieron en presuntos enfrentamientos entre bandas delincuenciales y/o grupos armados irregulares con cuerpos de seguridad del Estado.
El informe de FundaRedes destacó que Zulia continuó siendo la entidad con mayor cantidad de homicidios, tal como ocurrió en los trimestres anteriores, consolidándose como el estado más violento del país. Además, Falcón se posicionó como la tercera entidad con mayor número de homicidios, lo que evidenció la persistencia de la violencia en distintas regiones del país y la necesidad de respuestas efectivas por parte del Estado.
En 2024, el estado Bolívar se posicionó como uno de los cinco más violentos del país, con una tasa de 34,2 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. La mayor parte de la violencia se concentró en las zonas mineras del sur del estado, donde se registraron torturas, desapariciones, asesinatos y distintas formas de esclavitud, afectando principalmente a mujeres, niños, niñas y adolescentes. La organización que documenta estos hechos enfatizó en la urgencia de una respuesta por parte del Estado, ante la falta de políticas públicas que garanticen seguridad y justicia en la entidad.
Protestas y represión estatal
Por otro lado, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró un total de 5.226 protestas ciudadanas durante el año 2024 en todo el territorio nacional. La mayoría de estas manifestaciones estuvieron motivadas por la defensa de los Derechos Civiles y Políticos, representando el 52% del total, mientras que 2.508 protestas (48%) estuvieron vinculadas a la exigencia de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA).
Uno de los focos de mayor conflictividad se presentó tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, con 915 protestas en rechazo a los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). La represión estatal se hizo evidente en 226 manifestaciones, en las que 25 personas perdieron la vida y más de 2.000 fueron detenidas de forma arbitraria, lo que evidenció el uso sistemático de la fuerza como mecanismo de control social y político en el país.
Precarización laboral de las periodistas en Venezuela
En 2023, el proyecto Tejiendo Redes, Mujeres Constructoras de Paz, del Instituto de Prensa y Sociedad en Venezuela (IPYS), visibilizó la precarización laboral que enfrentan las periodistas venezolanas en su estudio «Periodistas venezolanas celebran su día en condiciones de precariedad y sin incentivos». Con 155 respuestas recopiladas, el estudio evidenció que el 29% de las encuestadas trabaja bajo honorarios profesionales, los cuales, en muchos casos, no cubren sus necesidades básicas.
El aspecto salarial fue uno de los hallazgos más preocupantes, ya que el 62,1% de las periodistas afirmó ganar menos de 300 dólares mensuales, una cifra inferior al costo de la canasta básica, que en abril de 2023 alcanzó $376,84 USD. Además, el informe reflejó que la precarización del periodismo ejercido por mujeres se traduce en la necesidad de sostener múltiples empleos o desempeñar diversos roles simultáneamente.
Otro elemento destacado fue la sobrecarga de cuidados que enfrentan las periodistas. Muchas de ellas son responsables directas del cuidado de hijos y otros familiares directos, lo que implica una inversión significativa de tiempo y recursos económicos. Estos datos reflejan una realidad de vulnerabilidad estructural que limita el desarrollo profesional y la estabilidad de las mujeres en el ejercicio periodístico en Venezuela.
Represión y restricciones al acceso a la información
En Venezuela, los periodistas y trabajadores de la prensa enfrentan constantes actos de represión, censura y persecución, lo que se traduce en ataques directos a los derechos de libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información. Estas restricciones han generado un impacto significativo en la cobertura informativa, limitando la posibilidad de los ciudadanos de acceder a noticias veraces y oportunas. De acuerdo al proyecto «Atlas del Silencio» de IPYS Venezuela, 7 millones de venezolanos viven en «Desiertos de noticias», es decir, en estados donde no existe acceso a un periodismo local de calidad. Además, 8 millones más residen en «Desiertos Moderados», regiones donde la cobertura periodística es insuficiente para garantizar el derecho a la información.
Por su parte la organización Espacio Público documentó, solo en enero de 2025, un total de 38 casos de agresión y represión contra la libertad de expresión, el acceso a la información y la libertad de prensa en Venezuela. Entre los hechos más graves, destacaron la desaparición y detención arbitraria de los periodistas Carlos Correa, Ángel Godoy, Julio Balza, Leandro Palmar y Edison Castro, evidenciando un patrón sistemático de persecución contra trabajadores de la prensa.
Además, resaltaron las agresiones, hostigamientos y restricciones hacia la prensa durante las manifestaciones del 9 de enero, convocadas por la oposición venezolana en todo el país. En estos eventos, simpatizantes del gobierno y funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado fueron señalados como los principales responsables de ataques, que incluyeron arrebatos de teléfonos, amenazas de despojo de equipos de trabajo y agresiones físicas contra periodistas que documentaban la represión policial contra manifestantes.
Detenciones arbitrarias y criminalización del trabajo periodístico
El artículo “En Venezuela informar es un delito: comunicadoras fueron detenidas bajo acusaciones de terrorismo”, publicado por La Red de Mujeres Constructoras de Paz, documentó las detenciones arbitrarias de cuatro periodistas venezolanas: Érika Rincón, Deisy Peña, Ana Carolina Guaita y Carmela Longo, evidenciando la creciente criminalización del ejercicio periodístico en el país.
Érika Rincón, periodista del Diario Órbita en el estado Anzoátegui, fue detenida el 28 de julio de 2024 durante cinco horas por el uso de un dron. Durante su arresto, fue fotografiada en múltiples ocasiones y despojada de su teléfono celular. Además, fue obligada a firmar documentos en los que se constataba que no había sido maltratada.
El 2 de agosto de 2024, Deisy Peña, jefa de audiovisuales de la alcaldía de Carrizal en el estado Miranda, fue interceptada por funcionarios de la Policía de Miranda tras haber publicado en redes sociales el material documentado sobre una protesta el 30 de julio en Carrizal. Fue imputada por obstrucción de vías públicas, vandalismo, terrorismo y resistencia a la autoridad.
Ana Carolina Guaita, periodista de La Patilla, fue víctima de desaparición el 20 de agosto de 2024 y permaneció ocho días sin contacto con su familia hasta que, el 28 de agosto, sus familiares pudieron finalmente constatar su estado de salud. Su caso resaltó el uso de desapariciones forzadas como método de represión contra la prensa.
Finalmente, Carmela Longo, periodista y delegada voluntaria del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), fue detenida el 25 de agosto de 2024, tras un allanamiento a su vivienda. Fue presentada ante el Tribunal Tercero de Control con competencia en terrorismo el 26 de agosto y posteriormente excarcelada bajo un régimen de presentación, prohibición de salida del país y prohibición de declarar o escribir sobre su caso.
Las cuatro periodistas fueron eventualmente excarceladas, pero sus detenciones reflejan un patrón de persecución y criminalización del periodismo, en el que se utilizan imputaciones desproporcionadas y restricciones judiciales como mecanismos para silenciar la labor informativa en Venezuela. Según los datos más recientes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), 12 periodistas continúan detenidos arbitrariamente, mientras que otros 12 han sido excarcelados y 10 se encuentran bajo medidas cautelares.
Censura Digital: bloqueos y restricciones en Internet
En cuanto a la censura digital, el programa VE Sin Filtro de la ONG venezolana Conexión Segura y Libre, que se encarga de investigar, reportar y denunciar las restricciones en Internet en Venezuela, alertó en agosto de 2024 sobre las graves restricciones en línea que marcaron el contexto de las elecciones presidenciales. Para ese momento, al menos 53 sitios web informativos ya estaban bloqueados, a lo que se sumó la documentación de 12 nuevos bloqueos dirigidos contra medios de comunicación, organizaciones de fact-checking y organizaciones defensoras de la libertad de expresión, entre ellas IPYS Venezuela, Espacio Público, Medianálisis y VE Sin Filtro, así como el bloqueo de plataformas como Wikipedia y herramientas de para evadir la censura como Protón VPN.
VE Sin Filtro también registró en 2024 la restricción de acceso a tres dominios web en los que la oposición venezolana publicó las actas recopiladas por sus testigos, las cuales evidenciaban los resultados electorales mesa por mesa de votación. A esto se sumó el bloqueo de redes sociales como Reddit y X (anteriormente Twitter), siendo este último especialmente grave en un contexto donde los ciudadanos dependen de estas plataformas para acceder a información censurada, ante la restricción de los medios de comunicación tradicionales y digitales. También documentaron bloqueos a plataformas como Telegram, Signal y la restricción de CloudFront, un servicio de distribución de contenido cuyo bloqueo afectó el acceso a decenas de sitios web.
En enero de 2025, VE Sin Filtro documentó nuevos bloqueos dirigidos tanto a redes sociales como a herramientas para evadir la censura en Venezuela. Entre las restricciones que identificaron, se registraron bloqueos hacia TikTok (bloqueos intermitentes en la plataforma, con restricciones que han durado entre 6 y 8 horas), así como el acceso a DNS públicos y 21 páginas web de herramientas de VPN, limitando aún más la capacidad de los ciudadanos para sortear la censura digital.
Desde 2014, VE Sin Filtro ha monitoreado la censura en Internet en Venezuela y ha documentado, hasta agosto de 2024, el bloqueo de 63 medios y sitios web informativos por parte de los principales proveedores de Internet (ISP) del país, restricciones que han afectado a 89 dominios web.
La importancia de fortalecer la seguridad de los periodistas
Las constantes amenazas y agresiones contra periodistas en Venezuela reflejan un contexto hostil, donde la represión, la violencia y la censura han convertido la labor informativa en un trabajo de alto riesgo. La persecución estatal, el bloqueo de medios y la criminalización del periodismo no solo afectan el derecho a la información, sino que también ponen en peligro la integridad y seguridad de quienes ejercen esta profesión. Ante este panorama, es fundamental que los periodistas cuenten con herramientas que les permitan fortalecer sus protocolos de seguridad y mitigar los riesgos a los que están expuestos.
Esta página web surge como una respuesta a esa necesidad, proporcionando recursos y estrategias en seguridad física, digital y psicosocial para que los trabajadores de la prensa puedan reforzar su capacidad de autoprotección y ejercer su labor de manera más segura. En un entorno donde las amenazas son constantes, el acceso a este tipo de formación es clave para la protección del periodismo y la resiliencia de quienes lo ejercen en Venezuela.
